Una vía terciaria no rinde cuentas como una APP

El 22 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte informó que la vía Barrancas–Sierra Azul, en La Guajira, había alcanzado el 100 % de ejecución física. El comunicado describió COP 41.000 millones de inversión, 6,3 kilómetros pavimentados y cuatro puentes bajo el Convenio 2210 de 2023. También asoció la obra con el acceso de unas 500 familias a comercio, salud y educación. Es una escena de infraestructura social aunque el activo sea una carretera: el valor no termina en el pavimento, sino en el servicio que hace posible. [1]

La cifra de avance responde una pregunta importante —qué parte de la obra se ejecutó—, pero no cierra por sí sola el expediente. El comunicado no publica el convenio, las actas de pago, la liquidación del contrato de obra ni el cierre del instrumento entre entidades. Tampoco menciona una sociedad de propósito específico (SPV), una facilidad bancaria o un certificado de cobertura de deuda. No se puede añadir ninguno por analogía con una concesión.

¿Puede pedirse el mismo rigor de contrato → regla → dato → reporte que a una asociación público-privada (APP)? Sí, pero no el mismo paquete. El rigor es una disciplina; el reporte es una consecuencia del vehículo contractual.

La obra visible tiene más de un expediente

Barrancas–Sierra Azul obliga a mirar el nombre del instrumento. Un convenio interadministrativo es un acuerdo entre entidades públicas que cooperan para una finalidad común. Colombia Compra Eficiente distingue esa cooperación de un contrato interadministrativo oneroso, en el que una entidad entrega un bien, obra o servicio a otra a cambio de una contraprestación. El título del archivo no basta: mandan las obligaciones pactadas. [2]

Además, el convenio que articula recursos y responsabilidades puede coexistir con un contrato de obra. Son relaciones conectadas, pero no idénticas. Un concepto de Colombia Compra Eficiente de agosto de 2026 explica que el acta parcial reconoce cantidades ejecutadas bajo el contrato de obra; no liquida el convenio. Cada instrumento conserva partes, finalidad y ciclo de cierre propios. Una variación de plazo o costo en la obra puede afectar el reporte o el cierre del convenio cuando sus cláusulas enlazan hitos, desembolsos o recursos. [3]

Ahí cambia el escritorio. El contratista demuestra cantidades; el supervisor o interventor las contrasta; la entidad contratante tramita el acta; y la entidad que ejecuta el convenio consolida el avance y el uso de los aportes para la otra entidad. Un solo “100 %” no sustituye esas decisiones.

Simulación: el frente R-12 llega al reporte

La siguiente secuencia es hipotética. No reconstruye Barrancas–Sierra Azul ni interpreta el Convenio 2210. Sigue un drenaje rural desde el registro del contratista hasta el informe entre entidades.

SIMULACIÓN PEDAGÓGICA · FRENTE R-12

Un documento cambia de responsable y de efecto

Una cantidad reportada no se vuelve pago ni cierre por avanzar de casilla.

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1. 1. Frente reportadoEl residente registra cantidades, fotos y ubicación. La obra aún no está reconocida ni pagada.
2. 2. Medición observadaSupervisión contrasta especificaciones. Falta un ensayo; el acta espera evidencia.
3. 3. Acta tramitadaLlega el ensayo y la entidad reconoce la cantidad bajo el contrato de obra.
4. 4. Hito consolidadoLa entidad ejecutora vincula acta, periodo y recursos en el reporte del convenio.
5. 5. Cierres separadosEl pago puede estar soportado y el convenio seguir abierto. Cada cierre exige su decisión.

Un contratista informa que terminó el drenaje del frente R-12. El responsable es el residente de obra y el primer documento es un registro de cantidades con fotografías y localización. El estado pasa de “programado” a “reportado por el contratista”, no a “pagado”.

Después, la supervisión mide el drenaje, contrasta especificaciones y deja una observación: falta el ensayo de calidad de un material. Sin esa evidencia, la cantidad no entra aún al acta parcial. Cuando llega el ensayo conforme, la entidad puede reconocerla según el contrato. Ese cambio tiene una consecuencia de caja pública; no demuestra que el convenio entre entidades esté liquidado.

Por último, la entidad ejecutora incorpora el hito al informe del convenio, relaciona acta, periodo y recursos, y lo entrega a la entidad aportante. Si falta el soporte, debe mostrar el pendiente y su responsable; no puede convertir una estimación en avance reconocido. La cadena termina cuando cada instrumento alcanza el estado que le corresponde, no cuando todos reciben la misma etiqueta.

Tres vehículos, tres destinatarios

Hospitales y colegios no desmienten la regla

La infraestructura social no pertenece automáticamente a uno de esos vehículos. El Departamento Nacional de Planeación publica guías de APP para salud, educación y edificaciones públicas, además de herramientas para medir niveles de servicio. Por tanto, un hospital o colegio sí puede estructurarse con participación privada y obligaciones de desempeño. [5]

La evidencia también muestra un universo mucho más amplio. El Ministerio de Salud reportó en 2026 COP 4,83 billones para 2.228 proyectos de infraestructura y dotación en 586 municipios. Es una cifra agregada: no identifica el mecanismo, el avance ni la financiación de cada proyecto. Sirve para dimensionar el campo, no para tratar miles de expedientes como si fueran una sola APP. [6]

La Cámara Colombiana de la Infraestructura propone una arquitectura institucional para APP sociales y, al mismo tiempo, cuestiona usos de convenios interadministrativos que puedan eludir la competencia. Es una posición gremial, no una declaración de irregularidad sobre Barrancas–Sierra Azul. Sí confirma que escoger el vehículo forma parte de la política de infraestructura, no de la presentación del reporte al final. [7]

El rigor sí viaja; el paquete no

La respuesta a la pregunta inicial es precisa. A una vía terciaria, un colegio o un hospital se les puede exigir la misma disciplina básica: identificar el contrato, convertir obligaciones en reglas, vincular cada dato con evidencia, registrar quién decide y reportar al destinatario correcto. Lo que no se debe copiar es el paquete de una concesión financiada cuando no existe esa estructura.

Barrancas–Sierra Azul permite ver el límite. El 100 % físico comunicado es un hecho útil y fechado. El cierre del contrato de obra, el cierre del convenio y cualquier obligación financiera son estados diferentes que requieren sus propios documentos. La infraestructura conecta territorios; la buena información conecta responsabilidades. El rigor comienza precisamente al no llamar iguales a expedientes distintos.