Rafael Núñez: el reloj ambiental volvió a correr; la modificación sigue sin decidirse

El 9 de octubre de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) levantó la suspensión de los términos del trámite con el que OINAC busca modificar la licencia ambiental para ampliar el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. La frase parece anunciar que el obstáculo terminó. Cuatro días después, sin embargo, la misma autoridad ordenó celebrar una audiencia pública ambiental; la reunión informativa está convocada para el 3 de noviembre y la audiencia para el 30. [1][2]

La secuencia responde una pregunta operativa importante: ¿qué cambió realmente el 9 de octubre? Cambió el estado del plazo administrativo. El expediente LAM8020-00 volvió a avanzar. No cambió todavía el estado final de la solicitud, porque ANLA no había aprobado ni negado la modificación al corte de este artículo. Tampoco se puede trasladar ese auto, sin documentos intermedios, a una orden de inicio de obra, una certificación de avance o una autorización de desembolso.

Para un equipo que coordina ambiente, ingeniería, legal y caja, la diferencia no es semántica. Cada estado habilita una decisión distinta. Confundirlos hace que el cronograma muestre como disponible un frente que aún espera una decisión, que tesorería anticipe pagos sin el soporte correcto o que un reporte presente una gestión como si ya fuera un resultado.

Hallazgo. El Auto 013684 encendió de nuevo el reloj de evaluación. El Auto 013743 confirmó que el expediente continuaba hacia participación pública. Ninguno es el acto que decide la modificación.

Un aeropuerto, dos vías ambientales que no deben mezclarse

La APP del Rafael Núñez no empezó con una hoja en blanco. La licencia original data de 1996; después hubo modificaciones y cesiones. En 2024, ANLA cedió a Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) los derechos y obligaciones ambientales que reposan en el expediente LAM8020-00. OINAC es además el concesionario del Contrato APP 001 de 2023, cuyo objeto público incluye financiar, construir, operar, mantener y revertir el lado aire y el lado tierra del aeropuerto. [1][9]

El Apéndice Técnico 6 convierte la gestión ambiental en una secuencia verificable. El concesionario debe identificar qué instrumento o permiso necesita cada intervención, mantener un Plan de Trámites Ambientales por alcance, coordinar sus fechas con el Plan de Obras y abstenerse de ejecutar una intervención hasta contar con el instrumento, modificación o pronunciamiento que corresponda. También exige informes trimestrales con estado de trámites, correspondencia, costos, medidas, cronograma siguiente y soportes. [3, pp. 7–8, 12–18 y 21–25]

Ese diseño separa dos vías. Una intervención puede tramitarse como cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario si cumple las reglas aplicables. Otra puede requerir una modificación de la licencia. No son dos nombres para el mismo estado. El 11 de marzo de 2026, ANLA emitió un pronunciamiento favorable para tratar 18 intervenciones como cambios menores; ANI informó al día siguiente que representaban 75 % de las obras previstas. Ese 75 % describe la participación de esas intervenciones en el alcance comunicado: no significa que 75 % de la obra estuviera ejecutado. [4]

La solicitud de modificación siguió en su propio carril. OINAC la radicó el 4 de junio de 2025 y ANLA inició la evaluación el 24 de junio. Hubo visita técnica, información adicional y consultas a autoridades por la intervención solicitada sobre áreas de manglar. El 19 de noviembre de 2025, ANLA suspendió los términos hasta que se radicara la copia ejecutoriada del acto del Ministerio de Ambiente descrito en el Auto 010270. La evidencia pública no permite convertir esa suspensión en una paralización total de toda la ampliación. [1]

De una dependencia externa a un expediente activo

Entre mayo y octubre de 2026, la línea de tiempo registra solicitudes de OINAC para levantar la suspensión, nuevos alcances, consultas de ANLA al Ministerio de Ambiente, a Cardique, al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y al Distrito, y respuestas o aclaraciones sobre manglar. Esa correspondencia importa porque muestra el trabajo que ocurre mientras el estado visible parece inmóvil. Un expediente suspendido no necesariamente está abandonado; puede estar esperando una condición que depende de documentos de otras entidades. [1]

El 9 de octubre, el Auto 013684 levantó la suspensión. Su efecto observable fue reactivar los términos del trámite iniciado en 2025. El 13 de octubre, el Auto 013743 ordenó la audiencia pública ambiental. La convocatoria explica que la reunión del 3 de noviembre permitirá conocer el alcance y resolver inquietudes; en la audiencia del 30 de noviembre podrán presentarse opiniones, información y documentos sobre impactos y medidas de manejo. Esas intervenciones serán consideradas dentro de la evaluación. [2]

Por eso la reactivación no cerró el expediente: abrió su siguiente tramo. La audiencia tampoco es una votación que apruebe o niegue por sí sola el proyecto. La decisión de fondo requiere el acto que resuelva la solicitud y debe leerse con sus obligaciones, alcance y condiciones. Al 28 de octubre, ese documento no figuraba en la página pública del trámite.

El cambio sí tiene valor para el cronograma. Antes del 9 de octubre, el estado correcto era “términos suspendidos”; después, “evaluación activa con audiencia ordenada”. Ingeniería puede actualizar la dependencia, legal puede identificar los hitos de participación y el controller puede revisar escenarios de fecha. Ninguno debería cambiar el frente a “habilitado” hasta que exista el documento que sustente ese estado y se verifiquen las demás dependencias aplicables. [7]

Qué cambia en cada decisión

1. Clasificar. Ingeniería define el alcance y el equipo ambiental concluye que M-04 necesita la modificación. El responsable registra la clasificación y enlaza el frente con LAM8020-00. El estado correcto es “sujeto a decisión ambiental”. En paralelo, otro frente con pronunciamiento de cambio menor puede conservar otra ruta.

2. Suspender. M-04 pasa a “evaluación suspendida por dependencia identificada”. El expediente guarda el Auto 010270, la condición descrita, el responsable y el impacto estimado. La consecuencia no es borrar el frente: es mostrar que su fecha depende de un evento que el proyecto no controla por completo.

3. Completar información. Cada radicado cambia la evidencia disponible, no el resultado final. El controller no tiene que interpretar el manglar como especialista, pero sí saber si ocurrió el hito, qué fecha tiene, quién lo validó y cuál es el siguiente documento. “Se envió información” no equivale a “se resolvió el trámite”.

4. Reactivar. Con el Auto 013684, M-04 cambia a “evaluación activa”. Planeación puede recalcular escenarios conforme a la norma y los actos aplicables, pero no asignar una fecha de inicio como si la aprobación fuera automática.

5. Participar y esperar decisión. El expediente incorpora Auto 013743, edicto, fechas, responsables y futuras actas. M-04 sigue sin habilitación final. Su siguiente estado depende del acto que decida la modificación y de las demás condiciones que resulten aplicables.

Tres relojes, tres decisiones

La primera banda del visual es autoridad ambiental: suspendido, activo, audiencia, decisión. La segunda es obra: alcance clasificado, no habilitado, eventualmente habilitable según el acto y las demás condiciones. La tercera es caja: escenario, reserva o reprogramación, solicitud soportada y decisión de la parte competente. Ninguna mueve automáticamente las otras.

Esa separación importa al leer los mensajes públicos del 12 de septiembre. ANI informó que el Rafael Núñez tenía 4 % de avance y que las ampliaciones mencionadas avanzaban según lo programado y sin retrasos. Ese mismo día, MinTransporte pidió a OINAC un plan para recuperar el “atraso acumulado” e identificar qué obras podía ejecutar de inmediato. Sin el informe de interventoría que iguale fecha de corte, alcance y ruta crítica, las frases no se pueden reconciliar honestamente. [5][6]

El porcentaje agregado tampoco responde qué frente puede moverse. Puede incluir actividades con cambio menor, otras sujetas a modificación y trabajos operativos con dependencias distintas. Un reporte útil conserva el 4 % como dato atribuido y añade el desglose que permite decidir: alcance, estado ambiental, responsable, documento, fecha base, avance físico certificado y efecto en ruta crítica.

Así, legal no convierte un comunicado en dictamen; ingeniería no interpreta un porcentaje como permiso; y finanzas no escoge entre dos titulares. Cada equipo trabaja sobre el mismo corte documental y registra la discrepancia como pregunta pendiente para la interventoría o ANI.

Del expediente ambiental a caja, sin inventar una condición bancaria

En project finance, una condición precedente es un requisito documental o material que debe cumplirse —o ser dispensado por quien tenga autoridad— antes de una actuación definida en el contrato, como un desembolso. El manual ambiental y social de IFC muestra el mecanismo general: las condiciones para desembolso se documentan; si una no se cumple, el financiador puede no liberar fondos o evaluar una dispensa conforme a su proceso. [8, párrs. 4.70–4.75 y 5.80–5.86]

Ese ejemplo no revela las condiciones del crédito de OINAC. Los contratos privados revisados no están publicados. Por eso no puede afirmarse que el Auto 010270 bloqueó un giro, que el Auto 013684 lo liberó o que la audiencia producirá una decisión bancaria.

Sí puede explicarse el trabajo prudente de tesorería. Si M-04 necesita la modificación, su presupuesto conserva un escenario condicionado. Al levantarse la suspensión, el controller actualiza fecha estimada y exposición de caja, pero no presenta una solicitud como elegible solo por ese auto. Cuando exista una decisión de fondo, contrasta su alcance con el Plan de Obras, la concesión y, por separado, las condiciones del crédito aplicables.

Una misma resolución puede alimentar varios paquetes y producir decisiones distintas. ANLA decide en materia ambiental. La interventoría verifica obligaciones y soportes de la concesión. ANI actúa como concedente. Agente y prestamistas operan bajo documentos financieros privados. La fiduciaria administra recursos conforme al contrato fiduciario. Que uno reciba un documento no significa que los demás hayan aprobado su parte.

Qué ocurre cuando falta una evidencia

Supongamos que M-04 aparece como “evaluación activa”, pero no enlaza el Auto 013684. Legal no puede comprobar qué suspensión se levantó; planeación no sabe desde qué fecha recalcular; la interventoría recibe un estado sin soporte; y tesorería corre el riesgo de usar una etiqueta optimista en el flujo.

La corrección no es llenar la carpeta con más archivos. Es completar una cadena mínima:

1. Responsable: quién mantiene el estado y quién valida el documento.
2. Alcance: qué intervención depende de qué trámite.
3. Documento: auto, resolución, radicado, acta o pronunciamiento con fecha y emisor.
4. Cambio de estado: qué era cierto antes y después.
5. Decisión permitida: recalcular, preparar, ejecutar, certificar o solicitar.
6. Consecuencia: qué fecha, costo o necesidad de caja cambia y bajo qué escenario.

Si falta el acto de fondo, M-04 permanece “decisión pendiente”. Si llega con obligaciones nuevas, el frente no salta a construcción: primero se traducen a responsables, medidas, cronograma y soportes. Si la decisión es desfavorable, el equipo registra la consecuencia y activa la alternativa contractual o técnica; no borra la historia.

Esta disciplina también evita el error contrario: paralizar todo el proyecto por un trámite específico. Las intervenciones con cambio menor conservan su expediente y condiciones. La pregunta semanal no es “¿hay licencia sí o no?”, sino “¿qué alcance está habilitado por qué documento y cuál sigue condicionado?”.

El paquete operativo después del 9 de octubre

Para el siguiente corte, un equipo de control podría concentrar el expediente en cinco piezas conectadas.

Lo que el 9 de octubre sí permite concluir

El Rafael Núñez muestra por qué un proyecto puede estar construyendo y, al mismo tiempo, mantener un alcance ambiental por decidir. El 9 de octubre no dejó el expediente terminado: lo movió de “suspendido” a “activo”. El 13 de octubre añadió participación pública antes de la decisión. Las actividades con cambio menor permanecen en otra ruta y el avance agregado no sustituye ese mapa.

La respuesta a la pregunta inicial es concreta: el documento que levanta una suspensión cambia el reloj del procedimiento; el documento que decida la modificación cambiará el alcance ambiental, dentro de sus términos. Entre ambos, el trabajo consiste en conservar la cadena frente → trámite → evidencia → decisión → efecto en cronograma y caja.

Ese registro no acelera a ANLA ni promete un desembolso. Evita algo más básico y costoso: que una gestión se reporte como aprobación, que una aprobación ambiental se trate como decisión bancaria o que un porcentaje general oculte el frente que realmente gobierna la siguiente semana de obra.