Lebrija: reformular un acueducto suspendido sin borrar su historia

El 26 de septiembre, el Ministerio de Vivienda informó que avanzaba con las entidades involucradas en el cierre financiero y la reformulación del proyecto que busca conducir agua desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga hasta Lebrija. Reportó 27 % de avance físico, cerca de 26.000 habitantes como población objetivo y la posibilidad de incorporar soluciones para unos 60.000 habitantes de Girón. La fuente no publica una reformulación aprobada, una modificación contractual nueva, un acta de reinicio ni un cronograma de terminación. [1]

La pregunta operativa es cómo retomar la obra sin convertir el 27 % anterior, el alcance que ahora se revisa y el dinero todavía por formalizar en una sola cifra.

Respuesta. Hay que conservar cinco historias conectadas: línea base contratada, inventario de obra aceptada, bloqueos documentados, diseño reformulado y fuentes formalizadas. Solo entonces puede decidirse qué continúa y bajo qué responsabilidad.

El 27 % necesita apellido

“27 % de avance físico” no es una medida completa sin fecha de corte, denominador, método y alcance. El proceso PAF-ATF-O-005-2019 fue estructurado a precios unitarios por $18.871 millones. Su presupuesto de 2019 separó conducciones, tanque de almacenamiento de Lebrija, puente sobre el Río de Oro y tanque con estación de bombeo. Incluyó tuberías, accesorios, obras civiles y pruebas. [2][3]

Una sola barra puede ocultar estados incompatibles: tubería instalada y medida, tanque construido pero no integrado, predio de bombeo pendiente o puente por revisar. Cada componente puede estar ejecutado, observado, aceptado, pagado o por rediseñar. Vanguardia reportó en 2025, con atribución a la Alcaldía, más de 1.100 metros de tubería instalados; la misma nota atribuyó al AMB problemas alrededor de la ubicación del bombeo. Es una pista para inspeccionar, no un acta de recibo. [7]

El expediente debería descomponer el porcentaje: cantidad ejecutada, medición de interventoría, aceptación, versión de diseño, pagos asociados, estado físico actual y posibilidad de reutilización. Así una pieza aprovechable conserva valor y una pieza que deba reemplazarse mantiene visible la decisión y su costo.

No hubo una sola suspensión continua

El comunicado contiene una discrepancia: un párrafo habla de “más de nueve años” de suspensión y el siguiente de “más de tres”. El contrato empezó en 2019. Findeter muestra una secuencia distinta: inicio en agosto de 2019, suspensiones y reinicios sucesivos, y modificaciones hasta el otrosí 23 de septiembre de 2024. El portal figura “En Ejecución” y se actualizó el 14 de octubre de 2026, pero actualizar una página no prueba actividad en campo. [1][2]

Actas de interventoría muestran que en 2022 estaba pendiente, entre otras gestiones, el predio para la estación de bombeo en Girón. En 2023 volvieron a aparecer escritura o autorización de ingreso, permisos y una controversia financiera del contratista. Demuestran dependencias concretas; no prueban que sigan abiertas hoy ni permiten asignar culpa. [4]

El proyecto atravesó varios periodos de suspensión y reinicio. Un cambio administrativo puede habilitar obligaciones durante un plazo, pero no demuestra que el sistema esté listo para llevar agua. La funcionalidad exige integrar y probar todos sus componentes.

Reformular no significa empezar de cero

La reformulación sirve cuando la línea base dejó de explicar la solución viable. El marco sectorial contempla cambios técnicos, presupuestales o de fuentes y exige comparar condiciones originales y nuevas, reconocer la realidad física y representar por separado obras preexistentes, alcance viabilizado y cambios propuestos. También ordena seguir avance físico y financiero hasta funcionalidad y liquidación. [5][6]

No afirmamos que cada artículo de la Resolución 0467 gobierne Lebrija: contiene reglas de transición y el expediente abierto no identifica la ruta aplicable. Sí aporta una disciplina útil: el plano nuevo no borra el anterior, el presupuesto nuevo no trata como futura la obra ya pagada y una ampliación no entra silenciosamente en el denominador.

El anuncio dice que se contempla ampliar soluciones hacia Girón. Sin documento aprobado no sabemos si es ampliación del mismo proyecto, fase adicional o solución coordinada pero separada. Antes de recalcular el avance hacen falta dos vistas: la línea base contractual que explica lo ejecutado, y el alcance propuesto con componentes nuevos, retirados o modificados y sus fuentes.

LEB–CON–04: un componente seguido de principio a fin

Esta es una simulación pedagógica, no el contrato real. LEB–CON–04 es un tramo de 420 metros entre una obra existente y una estación de bombeo. El contratista reporta 260 metros instalados bajo el diseño A; la interventoría tiene actas por 240; finanzas relaciona pagos con 220 porque una cuenta sigue observada. Las cantidades responden preguntas distintas y no implican por sí mismas incumplimiento.

Un estudio geotécnico ficticio concluye que 110 metros no deben conectarse en la ubicación prevista. Ingeniería propone el diseño B. La decisión no es borrar el avance: clasifica 130 metros aceptados y reutilizables, 110 aceptados pero fuera del nuevo eje y veinte pendientes de localización. Cada grupo recibe una decisión y un costo.

El ejecutor presenta planos comparativos, cantidades, presupuesto, cronograma y fuentes. La interventoría explica lo aprobado y lo pendiente. El beneficiario identifica la solución que recibirá; predio, conexión y operación conservan responsables propios. Tesorería separa contrato original, obra aceptada, saldo por ejecutar y costo incremental. Una fuente anunciada no pasa a disponible hasta que su instrumento defina monto, destino y condiciones.

Cuando la reformulación y la modificación contractual sean aprobadas por la ruta aplicable, el componente cambia a “alcance conciliado”, no a “reiniciado”. El frente abre al probar las condiciones vigentes. Después, el mismo identificador acompaña planos, bitácora, pruebas, factura y aceptación. Si falta la prueba de presión, puede estar instalado pero no aceptado; si falta la fuente completa, puede estar técnicamente listo y financieramente bloqueado.

El reporte final no dice solo “100 %”. Explica qué obra anterior se integró, qué porción recibió otra decisión, qué cantidades fueron aceptadas, qué pruebas cumplieron y cómo quedaron pagos y saldos. El componente siguiente puede conectarse sin heredar una incertidumbre invisible.

Cierre financiero es una tabla de fuentes, no una suma de anuncios

Blu Radio atribuyó al alcalde un costo superior a $50.000 millones y aportes potenciales del Ministerio, el AMB y recursos previamente asignados. Es seguimiento relevante, pero no publica los actos que formalizan esos aportes ni permite establecer si cada cifra es nueva, acumulada, comprometida, disponible o ejecutada. [8]

Aquí “cierre financiero” es una conciliación pública: el costo actualizado del alcance completo encuentra fuentes formalizadas por monto, destino, vigencia y responsable. No es el cierre de una deuda privada ni autoriza hablar de desembolso bancario. Debe separar valor histórico, saldo contractual, conservación de obra, costo nuevo, interventoría, contingencias y ampliación. Si falta una fuente, el componente dependiente permanece visible y bloqueado.

Un expediente común, sin mezclar competencias

La coordinación no convierte a todos en responsables de todo. MinVivienda evalúa o apoya dentro de su marco y puede seguir el proyecto; su comunicado no acepta técnicamente una tubería. Findeter aparece como ejecutor y publica el expediente. Fiduciaria Bogotá actúa como vocera del patrimonio autónomo según los documentos contractuales; administra conforme a instrucciones, pero no reemplaza el juicio técnico de la interventoría.

El contratista ejecuta el alcance vigente. La interventoría mide, conceptúa y deja evidencia de aceptación u observación. Lebrija es la entidad beneficiaria de la solución; Girón participa donde el trazado, los predios o una ampliación involucren su territorio. El AMB es el prestador del que partiría el suministro y debe quedar conectado con diseño, operación y compromisos mediante los instrumentos aplicables.

Separar estas competencias también mejora la decisión financiera. Si el informe atribuye a la interventoría una aceptación que todavía no emitió, el presupuesto parece más maduro de lo que está. Si atribuye al financiador la aprobación de una reformulación técnica, oculta quién debe resolver el diseño. El expediente común no borra esas fronteras: conserva la misma versión del alcance, pero registra para cada actor qué recibió, qué decidió y qué sigue pendiente.

Un reporte útil asigna a cada pendiente una pareja inseparable: responsable y documento de cierre. “Predio pendiente” sin entidad y sin evidencia esperada no permite gestionar. “Financiación pendiente” sin componente afectado esconde la consecuencia. “Diseño listo” sin versión aprobada impide saber qué plano debe usar el contratista.

La revisión previa al reinicio cabe en cinco preguntas

1. Línea base: ¿qué contrato, otrosí, plano y presupuesto están vigentes al mismo corte?
2. Obra existente: ¿qué cantidad está construida, medida, aceptada, pagada y físicamente aprovechable?
3. Cambio: ¿qué componente conserva, retira o agrega la reformulación, y por qué?
4. Recursos: ¿qué instrumento formaliza cada fuente y qué parte exacta financia?
5. Condición de inicio: ¿qué predio, permiso, garantía, diseño o decisión debe cerrarse, por quién y para cuándo?

Las respuestas no son un checklist separado del relato. Son la conciliación que permite pasar de diagnóstico a decisión. Si una falta, el frente correspondiente conserva el estado “pendiente”; el resto del sistema puede seguir avanzando sin que el informe oculte el bloqueo.

Lo que puede afirmarse al 15 de octubre

Existe un contrato iniciado en 2019 con componentes identificables y múltiples modificaciones. Hubo suspensiones y reinicios ligados a diseño, predios, permisos y asuntos financieros. El Gobierno anunció que avanzaba hacia reformulación y cierre financiero; las fuentes abiertas revisadas no publican la reformulación aprobada, un nuevo otrosí, un acta de reinicio ni la conciliación vigente del 27 %.

Reactivar sin borrar la historia exige que cada componente conserve línea base, estado físico, aceptación, costo y responsable mientras el diseño cambia lo necesario. Reformular no convierte obra vieja en obra útil ni dinero anunciado en caja. Produce el expediente con el que puede decidirse qué se conserva, qué se financia y qué condición debe cerrarse antes de volver al terreno.