Diez kilómetros en obra no son todo Buga–Buenaventura

El 1 de octubre de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció el inicio de obras en diez kilómetros de la Vía Alterna Interna de Buenaventura. El paquete reúne 3,5 kilómetros de puesta a punto, 6,5 kilómetros de segunda calzada y obras complementarias en las unidades funcionales (UF) 2, 3 y 4. Trece días después, el Ministerio de Transporte informó que nueve de las 21 UF habían sido “destrabadas” y que todo el corredor se encontraba en obra. El 16 de octubre, la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico describió el resultado como 100 % de sus UF activas. [1][2][3]

Las tres expresiones cuentan un avance real: frentes que no estaban activos ya pueden movilizar personal, equipos y documentos. Pero dejan una pregunta decisiva para quien cierra el mes del proyecto: ¿qué debe cambiar en el reporte cuando una unidad se activa y qué todavía no puede marcarse como terminado, aceptado, retribuido o pagado?

La respuesta corta es que activa es un estado de ejecución, no un sinónimo de completa. Los diez kilómetros tampoco son una obra homogénea ni una miniatura exacta de los 128 kilómetros origen–destino del corredor. Para informar el cambio sin exagerarlo hay que seguir cuatro relojes separados: frente de obra, avance físico, expediente contractual y caja. Si se los funde en una sola barra, un hito correcto termina produciendo una conclusión incorrecta.

Hallazgo. Todo el corredor en obra significa que el portafolio de frentes cambió de estado. No significa que las 21 UF terminaron, que la interventoría las aceptó, que se causó toda su retribución ni que los prestamistas autorizaron un desembolso.

Un mes, tres hitos y cuatro estados distintos

El anuncio de octubre no llegó a un proyecto vacío. La construcción había comenzado en agosto de 2024, según la divulgación de la Corporación Financiera Internacional (IFC). El 3 de agosto de 2026, ANI informó la entrada en funcionamiento de 47,98 kilómetros rehabilitados en UF6, UF7, UF16 y UF18; el avance global era entonces 28,56 %. Esos tramos ya muestran por qué una concesión puede operar partes recibidas mientras otras siguen en construcción. [4][8]

El 1 de octubre, ANI llevó el foco a Buenaventura. Reportó 32,59 % de avance total y el inicio de diez kilómetros en UF2, UF3 y UF4. El dato significa que el frente urbano-portuario entró en ejecución; no que esos diez kilómetros expliquen por sí solos los 4,03 puntos porcentuales ganados desde agosto. El comunicado no publica la fórmula del avance global, el corte exacto de medición ni la contribución de cada UF.

El 14 de octubre, MinTransporte añadió otro estado: nueve unidades destrabadas y todo el corredor en obra. El 16, la concesionaria habló de 100 % de UF activas. Ambas fuentes coinciden sobre la activación. Ninguna afirma que las 21 UF estén terminadas. Una unidad puede avanzar del primer al segundo estado sin alcanzar el tercero; la infraestructura ya recibida puede, además, operar durante la etapa preoperativa.

Diez kilómetros no son diez kilómetros del mismo trabajo

ANI resume la intervención como 3,5 kilómetros de puesta a punto y 6,5 de segunda calzada. El Apéndice Técnico 1 publicado en el proceso de contratación muestra por qué el expediente debe conservar el alcance por UF. [5, pp. 14–19]

En UF2, el documento divide la vía entre PR0+000 y PR6+500: un sector de referencia de 3,12 kilómetros conserva una calzada bidireccional; otro de 3,37 kilómetros exige dos calzadas de dos carriles. También identifica la intervención del intercambiador Pre-Gate Parking. “UF2 activa” no dice todavía qué subsector, cantidades o entregables cambiaron al corte.

UF3 agrega una pieza de otra naturaleza. El apéndice fija un parqueadero de 10,1 hectáreas con al menos 340 espacios para camiones, iluminación, cerramiento, rodadura rígida y señalización. También incorpora un centro de control y operaciones y un área de servicio. Un metro cuadrado de patio no se puede sumar a un kilómetro de segunda calzada como si fueran la misma unidad física.

UF4 cubre 3,50 kilómetros de referencia entre PR6+500 y PR10+000 en doble calzada. Allí el progreso puede expresarse en longitud, pero su aceptación no depende solo de abrir una franja de pavimento: incluye geometría, señalización, iluminación donde aplique y las demás especificaciones del alcance.

Hay además una discrepancia que conviene conservar, no ocultar. El 3 de octubre, MinTransporte habló de 12 kilómetros de doble calzada y un patio cercano a diez hectáreas con capacidad aproximada para 350 vehículos. ANI había informado dos días antes 6,5 kilómetros de segunda calzada dentro de los diez kilómetros iniciados; el apéndice menciona 340 espacios. Las fuentes pueden usar perímetros o redondeos distintos, pero los documentos abiertos no permiten demostrar la reconciliación exacta. El reporte correcto atribuye cada cifra y evita combinarlas. [6]

El 32,59 % es un indicador de portafolio, no un estado contractual

Un porcentaje global responde una pregunta útil: cuánto avance agregado reporta el proyecto al corte. No responde otras cuatro: qué entregable terminó, qué aceptó la interventoría, qué derecho económico se causó ni cuánto efectivo se movió.

El error más directo sería multiplicar 32,59 % por el CAPEX anunciado de $4,9 billones y llamar al resultado “obra ejecutada” o “caja consumida”. No hay soporte para esa operación. CAPEX es la inversión estimada para construir o mejorar el activo; el avance físico agrega actividades con ponderaciones y cortes técnicos; el costo reconocido sigue mediciones y contabilidad; y la caja sigue cuentas, fechas y autorizaciones. OPEX —los costos de operar y mantener— pertenece a otro horizonte. ANI publica ambos valores a precios de diciembre de 2025, no como saldos bancarios. [1]

La financiación tampoco corrige esa mezcla. IFC informó en agosto de 2025 un paquete aproximado de US$904 millones, con unos US$220 millones equivalentes aportados por IFC y recursos de prestamistas paralelos, y describió a Unión Vial Camino del Pacífico como el vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) del proyecto. La divulgación de IFC registra su inversión como activa e invertida desde octubre de 2025. Eso prueba la existencia y estructura pública de la financiación; no publica las condiciones precedentes de cada disposición, el saldo disponible de cada tramo ni una autorización bancaria asociada con el anuncio de octubre de 2026. [8][9]

Del frente a la retribución: la cadena que debe quedar visible

La minuta de Parte Especial publicada por ANI en el proceso señala que la retribución total es la suma de las retribuciones por UF y que el cálculo mensual incorpora aportes, recaudo, ingresos comerciales, deducciones e índices de cumplimiento. También vincula el primer cálculo posterior a la correspondiente Acta de Terminación de UF con recursos acumulados en su subcuenta. Es un mapa del mecanismo contractual publicado; el documento visible es una minuta del proceso, no una copia certificada y consolidada del contrato ejecutado y sus modificaciones. [7, pp. 40–42]

La propia ANI mostró la separación en abril de 2026: informó que, después de cumplir un hito constructivo de Buga–Buenaventura en marzo, se activó una retribución con cargo a una vigencia futura de 2025; los recursos estaban en el patrimonio autónomo a la espera de trámites administrativos y verificaciones técnicas para su desembolso al concesionario. El ejemplo demuestra que hito, disponibilidad fiduciaria, verificación y desembolso son estados relacionados pero distintos. No permite atribuir ese mismo efecto a UF2, UF3 o UF4 en octubre. [10]

El cambio empieza con un perímetro. Ingeniería identifica UF, progresivas, intervención, planos, cantidades y fecha de movilización. Ambiente, predial y social vinculan los instrumentos y liberaciones aplicables. La concesionaria ejecuta y conserva bitácoras, ensayos, fotografías, mediciones y versiones de diseño.

Después viene el corte. Las cantidades se presentan con soporte; la interventoría contrasta el trabajo con alcance y especificaciones. Una observación no borra avance físico ya medido, pero puede impedir que un entregable cambie a aceptado. ANI conserva el rol de concedente y adopta las decisiones contractuales aplicables. La fiduciaria administra cuentas del patrimonio autónomo; los prestamistas deciden bajo documentos privados que no están en las fuentes revisadas.

El Acta de Terminación de Unidad Funcional es el puente contractual relevante. La Parte Especial pública exige verificar valores de aceptación de indicadores para la terminación y calcula la retribución por UF con el índice de cumplimiento. Por eso una UF activa no debe saltar directamente a “retribución causada”. El expediente necesita alcance, medición, concepto de interventoría, decisión o acta y conciliación económica.

Ese orden no implica que nada cambie hasta la última firma. Un frente activo cambia cronograma, pronóstico de costos, personal, coordinación del tráfico y riesgo. IFC clasifica el proyecto en categoría ambiental y social A y destaca riesgos simultáneos de construcción y operación, tierra, biodiversidad, comunidades afrocolombianas, contratistas y seguridad laboral. El reporte debe mostrar esos cambios sin anticipar la aceptación. [9]

La residente de obra de la concesionaria cierra la semana con tres entregables ligados al mismo corredor: pavimento de puesta a punto en UF2, una sección de segunda calzada en UF4 y drenajes del patio de camiones en UF3. En el tablero de campo, los tres están “en ejecución”. La residente carga bitácora, ensayo de densidad, levantamiento topográfico, fotografías georreferenciadas y cantidades.

La interventoría revisa la carpeta. La puesta a punto tiene trazabilidad suficiente y su medición queda validada para el corte. La sección de segunda calzada conserva una observación de señalización temporal: el avance físico medido no desaparece, pero el entregable no cambia a listo para aceptación. En el patio falta el registro de una prueba de drenaje. UF3 permanece activa y la obra ejecutada puede figurar como cantidad presentada, pero la decisión contractual queda bloqueada por esa evidencia.

El controller recibe tres estados, no uno. Actualiza avance y costo incurrido con la base aprobada por sus políticas; mantiene separado el costo estimado de corregir o completar; no marca Acta de Terminación; y no pronostica retribución como caja disponible. La responsable de UF3 queda asignada a completar la prueba. Si el soporte llega después del corte, la aceptación y el posible efecto económico se desplazan de periodo, aunque el frente siga trabajando.

Si el equipo hubiera reportado “10 km terminados”, habría ocultado el bloqueo y anticipado una decisión. Si hubiera reportado “0 % porque falta un documento”, habría borrado trabajo físico verificable. El estado útil es más preciso: activo; cantidad medida; evidencia pendiente; decisión no emitida; efecto de caja no demostrado.

Qué debe responder el corte de octubre

El corte no necesita otra cifra total; necesita reconciliar consecuencias. Para UF2, UF3 y UF4 debe mostrar qué tramo o instalación inició, qué cantidad llegó al corte y con qué soporte. Debe nombrar al responsable de cada pendiente y la fecha de la siguiente decisión. Debe separar el avance reportado por ANI del avance contractual interno, si las metodologías no son idénticas.

También debe mantener cuatro campos que no se arrastran automáticamente: acta de terminación, índice de cumplimiento, retribución calculada y movimiento fiduciario. Para la deuda privada, el estado prudente es “no evaluado con fuentes públicas” hasta que tesorería o el agente del crédito aporte la evidencia aplicable.

El anuncio de octubre responde la pregunta de apertura de forma concreta. Sí cambió el proyecto: los frentes de UF2–UF4 entraron en obra y, según Gobierno y concesionaria, las 21 UF quedaron activas. Lo que no cambió por esa sola frase fue la definición de terminado. Un reporte revisable conserva la secuencia: activación, medición, evidencia, decisión contractual y efecto económico. Así reconoce el avance sin transformar una obra iniciada en una carretera entregada ni una UF activa en caja disponible.